La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) intensificó sus demandas al Gobierno ecuatoriano, exigiendo la derogación del Decreto Ejecutivo 126 y solicitando un juicio político contra los ministros de Defensa, Gian Carlo Loffredo, y del Interior, John Reimberg, por la violencia registrada durante las protestas del paro nacional.

Esta jornada se confirmó un segundo fallecimiento en el contexto de las movilizaciones, lo que eleva la tensión en el país.

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Durante una sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, el presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, reiteró la postura de esa organización que «se mantiene firme ante estos atropellos del Gobierno.»

«No declinaremos nuestra lucha”, aseguró el dirigente indígena, quien subrayó que los 12 detenidos en Otavalo no son “terroristas ni vandálicos” y exigió su liberación inmediata.

La Comisión abrió un proceso de fiscalización para investigar los incidentes ocurridos durante el paro, convocado en rechazo al Decreto 126 que elimina los subsidios al combustible aumentando a 2.80 dólares estadounidenses el precio del galón de diésel, lo que ha generado malestar entre los sectores populares, por el aumento del precio de la vida en medio de la crisis económica, en salud y educación.

Un segundo fallecimiento fue reportado en el contexto del paro nacional, según el excoordinador de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), Luis Ángel Saavedra.

Saavedra aclaró que el caso no está relacionado con una acción directa de las fuerzas públicas, pero ocurrió durante las movilizaciones.

“Era un hombre que iba en motocicleta. Al ver la llegada de militares, intentó huir y realizó una maniobra que terminó en accidente”.

Este hecho se suma al asesinato de un dirigente indígena el domingo 28 de septiembre, cuya inhumación tuvo lugar el mismo día de la comparecencia, según testimonios presentados.

Familiares de los detenidos, como María Soledad Perugachi, representante de “Los 12 de Otavalo”, expusieron casos como el de Luis Cruz Burga, un joven con autismo capturado durante las manifestaciones. Los testimonios, cargados de dolor, evidenciaron el impacto humano de la violencia desatada por el ejecutivo ecuatoriano.

Perugachi destacó la represión sufrida por las comunidades y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de las autoridades. Fabián Cabascango, de la comunidad Caloquí, reforzó esta denuncia.

“No nos maten, nosotros somos agricultores, salimos a las calles, pero no somos financiados por el narcotráfico; la represión ha sido brutal”, reclamó el manifestante.

Además, insistió en que los ministros Loffredo y Reimberg deben responder ante la Constitución y los tratados internacionales por los hechos de violencia registrados. La CONAIE también denunció el uso de “balas de guerra” contra los manifestantes, según Cabascango, lo que agrava las acusaciones de represión.

En la sesión de la Comisión de Garantías Constitucionales y Derechos Humanos, el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, expresó su preocupación por posibles maniobras para trasladar la investigación a otra comisión controlada por el partido ADN, lo que podría obstaculizar la fiscalización.

El titular de la Conaie Marlon Vargas, llamó a organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la Organización de Estados Americanos (OEA), la ONU y el Convenio 169 de la OIT para que investiguen la “actitud prepotente” del Gobierno y sancionen las violaciones a los derechos humanos.

La Comisión de Derechos Colectivos e Interculturalidad también recibió a representantes de los pueblos y nacionalidades, quienes presentaron pruebas del uso excesivo de la fuerza. Los legisladores, visiblemente afectados, escucharon los testimonios que unificaron demandas como la liberación de los detenidos y la rendición de cuentas de las autoridades.

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